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Gobierno Japonés podría penalizar el incumplimiento de medidas contra el coronavirus.

  • El Ministerio de Sanidad es quién lleva el proyecto de reforma para la penalización de personas naturales y jurídicas que no respetaran las medidas contra el COVID19
  • Con esta reforma, se evalúan altas multas e incluso pena de cárcel.

¿Multas por COVID19?

Desde que comenzó la pandemia a principios del 2020, ha predominado el temor, la angustia y la incertidumbre sobre el afrontamiento del nuevo virus. Siendo Japón uno de los países más cercanos a la primera fuente de contagios, bastó muy poco tiempo para que se viera perjudicado.

Hoy en día muchas ciudades y prefecturas están en estado de alerta, siendo Tokio una de las zonas más afectadas del país. Ante esto, la prevención y el cuidado son la única salida, pero ¿Cómo garantizar que todos los ciudadanos cumplirán las medidas para evitar contagios?

No obstante las cosas no salieron tan bien como se esperaban, pues desde Diciembre del 2020 la situación del COVID19 en Japón se salió de control. La llegada al país de las cepas de Sudáfrica, Reino Unido y Brasil , el colapso de casos en Tokio y la creciente ola de contagios.

Es ahí donde entra una nueva discusión del gobierno japonés, que plantea “castigar” a las personas que no cumplan las medidas contra el coronavirus.

Así lo planteo el Ministerio de Sanidad, manifestando la necesidad de poner limitaciones en la cotidianidad para minimizar los contagios. De igual forma se dió a entender que si esta reforma es aprobada muchas personas deberían pagar multas por desobediencia ante las medidas.

También se puso sobre la mesa el tema de los casos positivos para coronavirus. Ya que si el infectado se niega a recibir el tratamiento en un centro de salud y a realizar cuarentena obligatoria, podría ir a la cárcel.

Entre las medidas contra el coronavirus en Japó´n impuestas por las autoridades para la población están: No salir de casa, y el uso obligatorio de mascarillas.

De igual forma hay algunas políticas para empleados de la salud, como por ejemplo la asistencia obligatoria a los puestos de trabajo, y la trasmisión de información verídica a las autoridades.

El incumplimiento de alguna de estas medidas, sería sancionado y la persona podría pagar multas de hasta 1 millón de Yenes. 

Viéndolo así, pareciera que el endurecimiento de la ley es  la única opción viable de Japón hasta la administración de la vacuna;  una decisión que aunque pudiese causar malestar en la población, muchos expertos sanitarios parecen apoyar.

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